El Consejo de Ministros acaba de aprobar unos nuevos impuestos conocidos como “tasa Google” y “tasa Tobin” por los que espera recaudar unos 1.800 millones al año. La “tasa Tobin”, también conocida como impuesto a las transacciones financieras, gravará con un 0,2% las compraventas de acciones de firmas españolas con una capitalización bursátil superior a mil millones. Éste impuesto parece claro pero ¿y la tasa Google?

La “tasa Google” es un impuesto que se aplicará a los servicios digitales, de hecho formalmente se llama Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD). En el caso de España gravará a las empresas cuyos ingresos anuales totales sean de más de 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a 3 millones de euros. Es el caso, entre otras, de Google, Facebook y Amazon, de ahí el nombre de tasa Google.

Las empresas afectadas por la “tasa Google” deberán pagar el 3% sobre la facturación de: los servicios de publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital (página web, plataforma tecnológica, software o red social; los ejemplos más claros serían Google o Facebook), los servicios de intermediación que permitan localizar a usuarios para comerciar con ellos (el ejemplo más evidente es Amazon) y  la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el propio usuario durante su actividad. No se gravará la venta de bienes o servicios entre usuarios en el marco de un servicio de intermediación online, como es el caso de Wallapop (pongo el ejemplo para ilustrar el modelo de negocio), ni los contratados online directamente al proveedor sin intermediarios, como son por ejemplo las compras en Zara o en El Corte Inglés.

Lo que se pretende con este impuesto es una fiscalidad más justa porque las grandes multinacionales de Internet apenas tributan por su actividad en España. En 2017, Google, Amazon, Facebook y Apple solo pagaron 24 millones de euros a Hacienda. La filosofía de la tasa es que estos gigantes paguen allí donde realmente generan su negocio en lugar de desviar beneficios a territorios con baja fiscalidad.

En el seno de la Unión Europea ya se planteó la creación de un impuesto similar para todos los países miembros mediante una iniciativa impulsada por Francia, Alemania, Italia y España, los países que más ingresos pierden de las plataformas tecnológicas, pero se encontraron con la oposición de países, como Irlanda o Luxemburgo, que se sirven de rebajas de impuestos para atraer a este tipo de empresas. Como en la Unión Europea se requiere el acuerdo unánime de todos los países miembros, por el momento, no se ha conseguido llevar adelante esta iniciativa. Sin embargo la Comisión Europea tiene claro que hay que regular la economía digital urgentemente, ya que no parece justo que las empresas convencionales paguen en Europa el 23,5% de media en impuestos, mientras que las tecnológicas lo hacen el 9,5% (según datos de la propia Comisión Europea).

El Gobierno español espera recaudar por el nuevo impuesto digital 968 millones anuales que inicialmente estaba previsto que se liquidara trimestralmente. Sin embargo, tras las amenazas de la Administración de Donald Trump de nuevos aranceles que contrarresten el impacto de este impuesto en su economía, el nuevo tributo no se recaudará hasta finales del 2020 para dar tiempo a un posible acuerdo dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Este organismo lleva meses trabajando en una propuesta que ponga de acuerdo a los 137 países, entre ellos EE UU, que participan en la iniciativa, y prevé tener lista una tasa Google global a finales de 2020. Según sus estimaciones, este impuesto permitiría recaudar globalmente unos 100.000 millones de dólares (unos 92.000 millones de euros) al año.

Esta nueva tributación no parece desagradar a las grandes tecnológicas. Tim Cook, CEO de Apple, reconocía recientemente que el sistema de impuestos empresariales debía cambiar: “Creo que lógicamente todo el mundo sabe que necesita ser revisado… Tengo la esperanza y el optimismo de que ellos (la OCDE) encuentren una solución“. También Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, confía en que los esfuerzos de la OCDE tengan éxito y ha comentado: “Queremos que el proceso de la OCDE tenga éxito para que tengamos un sistema estable y fiable en el futuro… aceptamos que eso puede significar que tengamos que pagar más impuestos y pagarlos en diferentes lugares bajo un nuevo marco de trabajo“.