Nagore fue violada y asesinada en unos sanfermines. Su asesino fue condenado a doce años y medio de prisión. En aquel caso fue un jurado popular y no juez quien dictaminó que aquello no fue un asesinato sino un homicidio. Él era médico y ella estudiante de enfermería. Se conocían del trabajo. Él la convenció para que fuera a su piso, una circunstancia que para algunos hombres viene a significar que ella quiere algo más que conocer cómo son los muebles de la casa. Pero una vez allí la mujer le rechazó. Le dijo que no quería mantener relaciones sexuales y fue entonces cuando le rompió la ropa, la violó y la mató. Gracias a la autopsia se pudo comprobar que presentaba 38 heridas internas y externas, esto es, que se resistió como pudo al deseo carnal de un hombre de 1,82 centímetro y más de 80 kilos de peso. Diez años después el asesino, Diego Yllanes Vizcay, ya está en la calle y trabajaba en un clínica privada, aunque a partir de 2020 también podrá hacerlo en una pública. La explicación de su irracional comportamiento fue que todo se debió a un malentendido porque ella antes le había dado un beso. Al médico le aplicaron en la sentencia cuatro atenuantes (confesión del delito, arrebato, intoxicación etílica y reparación del daño) y un solo agravante: abuso de superioridad.

Otra chica de tan sólo 18 años también fue violada en sanfermines años más tarde. Eso no lo discute nadie que haya conocido el caso, salvo un juez sobre el que pesan seis sanciones amén de que se le hayan abierto siete expedientes. La joven, así se recoge en el fallo donde no se aprecia ni intimidación ni violencia, sufrió abusos sexuales en el rellano de una vivienda donde no había estado en su vida, por parte de cinco jóvenes con los que acaba de entablar una conversación y en una ciudad que no conocía. La verdad es que a los largo de los 371 folios que ocupa la sentencia que condena a nueve años de cárcel a los cinco miembros de “la manada” va de menos a más. Promete mucho al principio para dar un gatillazo después. Y es que teniendo en cuenta el apartado de hechos probados que se recoge en el fallo bien podría conducir a una condena más severa, que no ejemplarizante para quedar bien ante la opinión pública.

Salvo a depravados sexuales, es difícil no imaginar otra cosa que cerrar los ojos y desear que todo acabe cuando antes para salvar tu vida cuando cinco desconocidos, como también dice la sentencia, te penetran oral, vaginal y analmente. La propia chica reconoció que nunca había tenido sexo anal hasta esa noche. Pero más difícil resulta imaginar que ante las imágenes de un mismo vídeo un juez pueda entrever o, mejor dicho, asegurar que aquello fue un “jolgorio”. Es cierto que los cinco miembros de la manada ya estaban socialmente condenados de antemano y algo que supusiera una condena más suave hubiera acarreado una mayor alarma social. Pero también es cierto que muy pocas persona han visto el vídeo. Entre ellos están los dos miembros del tribunal (un hombre y una mujer) que aseguran sin ambages que sí hubo violación (sin violencia ni intimidación) y el otro magistrado que tras ver las imágenes sostiene que fue poco menos que una orgia pagana durante la celebración religiosa del fía de San Fermín.

La disconformidad de la clase política y de la sociedad con una resolución judicial no implica necesariamente que se haya cometido una injusticia. Aquí entra en juego la posverdad, esa parte de la verdad en la que se omite que la sentencia puede ser recurrida y que otros jueces distintos pueden agravar o reducir las condenas. Nada aportan hashtag como #yositecreo, porque la realidad es que los jueces sí han creído a la víctima y no a los agresores, o titulares de prensa donde se afirma que en poco tiempo podrían salir en libertad los condenados. Si bien es una posibilidad muy remota, también es cierto que nadie la contempla porque hasta que la sentencia adquiera firmeza no pueden obtener beneficios penitenciarios que, además, no se dan de forma automática sino que entran en juegos informes de educadores, psicólogos y directores de prisiones antes de que el juez dé su visto bueno.

Hay quien prefiere olvidar, sobre todo los espacios televisivos que se regodean en las vísceras de los muertos y en los testimonios de los familiares de la víctima, lo que ocurrió con Dolores Vázquez. La sociedad, la prensa y hasta la justicia, por muy estupendos que se pongan a veces los jueces, también se equivocan. Aquí incluyo también a los miembros del jurado que la declararon culpable. Nadie le pidió excusas a pesar de que pasó 519 días en prisión por el crimen de Rocío Wanninkhof del que años más tarde fue condenado un ciudadano británico que ni siquiera conocía a Dolores Vázquez. Se sabe de ella que hace años se marchó a Londres y que hasta el Tribunal Supremo le denegó una indemnización por error judicial por una cuestión formal. Nada más. Nadie hizo autocrítica, ni siquiera esos medios de comunicación que se dan golpes en el pecho para hablarnos de profesionalidad y credibilidad.

Las protestas callejeras en caliente contra la sentencia son legítimas, pero lo serían aún más si las/los manifestantes se hubieran leído el fallo o si hubieran contando con un mínimo de información fidedigna. La sociedad no tiene la obligación de tener conocimientos legales de naturaleza penal pero el Poder Judicial sí tiene los mecanismos suficientes para amortiguar las críticas que el fallo iba a provocar. Y es que cuando no había transcurrido ni una hora desde que se conoció el fallo ya había opinadores radiofónicos y televisivos sentando cátedra sin darse cuenta del valor que sus opiniones nada rigurosas sirven para alentar la alarma social. Es decir, fueron capaces de haberse leído y comprendido un texto jurídico de esa naturaleza a razón de algo más de seis folios por minuto.

Con el paso de los días y el reposo necesario para digerir una sentencia que gusta a muy pocos, las cosas empiezan a verse más claras. Excluyo, claro está, al magistrado del voto particular. 237 folios para explicar que no hubo violación sólo demuestran que tiene más dudas que certezas. Es como si quisiera lavar su conciencia antes de que le lluevan las críticas. Los argumentos que pone negro sobre blanco en su voto particular sólo refrenda la idea que subyace en los colectivos que luchan desde hace muchos años por los derechos de las mujeres: la falta de formación de algunos jueces en temas tan delicados como la violencia de género.

Como sólo los jueces pueden apelar a los vídeos que han visto, los demás tendremos que aludir a los vídeos que sí hemos tenido la oportunidad de visionar. Y me refiero a los posteriores a la violación. A esos en los que a los miembros de “La manada” se les ve contentos, alegres y sonrientes y en los que alardean de lo machotes que son y de lo cansados que están. Vamos, cualquier cosa menos arrepentimiento. En otro vídeo aparece la joven en estado de shock, según recoge la sentencia, sentada en un banco y llorando. Con mayor conocimiento y especialización en este tipo de situaciones resulta inverosímil creer que un juez pueda interpretar esas lágrimas de una niña con la mayoría de edad recién cumplida como muestra de alegría porque se lo había montado con cinco tíos a la vez o como una muestra de tristeza porque el “jolgorio” había durado muy poco tiempo. La pena es que esa falta de especialización o, si se quiere de sensibilidad, lleve algunos a confundir miedo con jolgorio, intimidación con placer y la ausencia de violencia con consentimiento.

Con el relato de los hechos probados construido, los magistrados debían de dilucidar si la violación fue sólo un abuso o si existió una agresión sexual, es decir, que se llevó a cabo con violencia e intimidación. Y es aquí donde surge la discrepancia entre el bagaje jurídico de los dos jueces (al otro lo dejamos ya aparte para siempre) y el parecer de la opinión pública y buena parte de la clase política. A los ojos de un lego en derecho, y más si se es mujer, resulta imposible imaginar que en una violación cometida por un solo individuo no haya intimidación ni violencia por mucho que la víctima no presente heridas ni laceraciones. Si ya multiplicamos por cinco a los autores del delito nos sale como resultado que la resistencia hubiera sido inútil porque es que, además, no tenía posibilidad alguna de escapatoria al estar en un ciudad que no conocía rodeada en el rellano de una escalera por cinco hombres, muchos de ellos con antecedentes penales por hechos parecidos o por peleas callejeras.

Si los jueces estaban atados de pies y manos por el Código Penal para dictar una sentencia distinta a la que redactaron debieron de explicarlo en el fallo. Si no ellos, para eso está también el Consejo General del Poder Judicial que decidió suprimir la figura del portavoz hace cinco años. A la falta de explicaciones se sumó un respaldo público a los tres jueces de la Audiencia Provincial de Pamplona; aunque más que defenderlos el órgano de gobierno de jueces se lanzó a degüello contra los políticos que osaron criticar a sus magistrados, incluido el propio ministro de Justicia. Siempre es fácil echar la vista atrás para buscar a los culpables de esta situación pero hay una vieja reivindicación de los colectivos que si está recogida en la legislación penal de muchos países europeos: el consentimiento. Esa es la línea roja que nunca se debe traspasar. El ya conocido lema del “no es no”. Sin consentimiento no se puede hablar de abuso y sí de agresión sexual. Porque lo que sí es un abuso para la inteligencia de las mujeres y de muchos hombres es hacer creer a la gente que el hecho de estar rodeada de cinco hombres de noche en un portal de una vivienda de una ciudad que no conoces no es en sí mismo ni violento ni intimidatorio.

Por Vicenta Etxeandia